En ciclos económicos de contracción productiva, de reducción de inversiones privadas, de bajo consumo, de desempleo constante y de precariedad laboral, entre otros factores, es importante visibilizar la pertinencia de la “intervención del Estado”. En estos tiempos de contingencia de sanitaria por la presencia del COVID-19, se hizo evidente la situación real que ya tenía la economía mexicana desde hace 35 años. Me refiero a la desarticulación de las cadenas productivas que se han realizado en México, a partir del “Modelo de Libre Mercado”.
Para que se den una idea de lo que comento, un país como el nuestro con una población de más de 125 millones de habitantes, y que tiene un “Bono Demográfico” de jóvenes que se incorporan a la economía, se requiere que al año se generen alrededor de 1.2 millones de empleos a escala nacional y en el caso de Jalisco cerca de 80 mil puestos de trabajo. Y para ello se requieres que la economía nacional tenga tasas de crecimiento de arriba del 6%. Sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) ha registrado un crecimiento promedio anual de 2.5% en los últimos 35 años.
Con estos datos de las condiciones productivas en nuestro país, tenemos un contexto de pocas oportunidades productivas para las personas que viven en nuestro país, pues sólo se genera una tercera parte de lo que se requiere, es decir, solo se integran a la economía formal 33% de las personas, y el otro 67% tiene que ganarse la vida en la economía informal.
Desde la perspectiva de la “economía neoclásica”, del “Modelo de Libre Mercado” el Estado NO debe intervenir en los procesos y ciclos económicos, y si sólo se genera oportunidades para 33% de las personas, es porque “ese es el nivel eficiente para el mercado” y no importa que exista desempleo, las personas deben “adaptarse” a las condiciones actuales, y en todo caso deben “especializarse”, “desarrollar habilidades”, y de esa manera competir para ganarse al “nicho de mercado” al que va dirigido.
Por ello, los seguidores del “Modelo del Libre Mercado” consideran que las “finanzas públicas” deben estar equilibradas, es decir que el gobierno NO debe gastar más de lo que recauda. Las premisas de las que se basan los tomadores de decisión que dirigen al Estado es porque los recursos son “escasos” y lo únicos recursos que tienen son los impuestos que recaudan o la otra manera es a través de la deuda, y lo que se pretende es no endeudarse.
Sin embargo, estos dirigentes no se dan cuenta que la economía es una “formación de cadenas sociales, políticas, culturales y tecnológicas” que generan riqueza. En otras palabras, todos los procesos productivos tienen un efecto multiplicador, y si la economía y la sociedad se organiza de tal manera que por cada recurso que se le inyecte se multiplica por dos, por tres, etcétera, la deuda no es un problema porque al final del ciclo productivo la riqueza que se genere será superior a la riqueza inicial.
En ese contexto de ideas, el Estado recauda lo que gasta. Por ello si su presupuesto de gasto es bajo, se espera que su nivel de recaudación será bajo e insuficiente para cubrir las necesidades productivas y sociales que en este momento tiene la sociedad. En los últimos años hubo una “moda” en la clase política de todos los partidos, al promover leyes y políticas públicas de “austeridad”, que si se monitorean y evalúan dichas acciones de gobierno se verá y validará que cada vez se recauda menos por esas estrategias.
Ello evidencia lo ineficaz que ha sido la política de austeridad fiscal, las altas tasas de interés y estabilidad del tipo de cambio para frenar la crisis, por lo que no se puede continuar con tales políticas.
A pesar de que se aplique la vacuna el próximo año y se reabra la actividad económica, la reactivación no se dará rápidamente, dada la caída de exportaciones, del consumo e inversión privada, como del gasto público. Al haber menos capacidad productiva (tanto por quiebre de empresas, como por la menor inversión bruta fija), menos viabilidad habrá para recuperar el empleo perdido.
