En los últimos años se ha convertido en una especie de “mantra” o en un “acuerdo popular” que la corrupción es la fuente o el principal obstáculo del crecimiento y posteriormente desarrollo económico en nuestro país. Incluso todas las fuerzas políticas han utilizado esa “creencia social” para formular argumentos o plataformas electorales para obtener la confianza y acumular las simpatías de amplios segmentos de la población, con la idea de ofrecer un cambio en la manera de gobernar con un amplio sentido “anticorrupción”.
En ese contexto, es pertinente emitir la siguiente pregunta ¿es la corrupción el principal obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económico? Para responder esa pregunta comparto los siguientes datos: en cada sexenio siempre ha habido nueva camada de políticos que se enriquecían con el erario público. A pesar de ello, México creció de 1939 a 1981 al 6.4% promedio anual, debido a que el “modelo económico de rectoría del Estado en la economía y de industrialización”, donde se regulaba al sector externo, al sector bancario-financiero a favor de lo productivo. Había política monetaria y fiscal a favor del crecimiento y del empleo, a pesar de la corrupción. Había desigualdad del ingreso, propia del sistema capitalista predominante, pero se crecía.
Por otro lado, Jaime Ros economista de la UNAM en 2013 elaboró un documento de estudio llamado “Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico en México” y en el desarrollo de su estudio aborda una de la “tesis equivocadas” y la denomina “Fallas institucionales como explicación de un crecimiento mediocre”, la cual argumentaba lo siguiente: “el problema central se encuentra en la capacidad de ciertos grupos para evitar la formulación y puesta en práctica de políticas públicas favorables al interés general”…“el marco institucional tiende a promover actividades improductivas de extracción de rentas relativamente más que a incrementar el potencial productivo de la economía”.
Sin embargo, Jaime Ros demuestra con datos y mediciones de Rankings internacionales que la posición de México en la calidad institucional había mejorado en el período 1996-2011, y el crecimiento económico promedio en México en ese período fue de 2.5%, insuficiente para dotar de oportunidades a un país de 125 millones de habitantes.
Para comprender el bajo crecimiento de la economía, se tiene que cambiar el enfoque. El lente o el filtro para diagnosticar el estancamiento económico se debe partir revisando el “Modelo de Libre Mercado”, el cual ha generado estas condiciones económicas y sociales del país.
El “Modelo de Libre Mercado” se instauró en México a partir de 1982 con la crisis de deuda, que originó que el sector financiero y el gran capital internacional y nacional, pasaran a determinar la política económica a su favor. Se pasó a privilegiar a más mercado (más sector privado) y menos participación del Estado en la economía. Se instrumentaron políticas de superávit primario en las finanzas públicas (el que excluye el pago de la deuda); después el libre comercio ante el ingreso de México en 1986 al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, en sus siglas en inglés), en 1989 se permitió la libre movilidad de capitales; en 1994 empezó a operar la autonomía del banco central, donde se le quitó el monopolio del dinero al gobierno, obligándolo a trabajar con equilibrio presupuestal, para lo cual tuvo que disminuir más su gasto e inversión, como vender empresas públicas para reducir el monto de su deuda y así alcanzar la austeridad fiscal. En 1994 empezó el TLCAN, que ha actuado a favor de empresas trasnacionales en detrimento de la producción nacional, lo que, junto con la austeridad fiscal, ha aumentado el desempleo y la economía informal, generando ello menores salarios y creciente desigualdad del ingreso, menor crecimiento y crecientes niveles de endeudamiento interno y externo.
La corrupción existe y es obligación de las autoridades abatirla para mejorar el ambiente social, sin embargo, para crear oportunidades para la gran mayoría de la población que buscan empleo o los que quieren emprender un proyecto productivo se debe cambiar de política económica y de “modelo económico”.
Arturo Ayala Ríos
Secretario General del Colegio de Economistas de Jalisco
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